La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutiva el proyecto extiende por 90 días el plazo otorgado por la Ley 169-14 a los extranjeros que quieran acogerse al Plan de Regularización iniciado por el Gobierno dominicano.
La pieza fue acogida por 96 votos y uno en contra, en la primera lectura, mientras que la segunda lectura contó el voto de 100 diputados presente en el hemiciclo, por lo que la iniciativa pasa al Senado para su estudio y ponderación.
Previo a la aprobación del proyecto, el diputado Eugenio Cedeño acusó a sectores e incluyendo del PLD, de sabotear el Plan de Regularización.
En iguales términos se expresó el vocero del Partido Revolucionario Moderno, Nelson Arroyo, quien acusó el Ministerio de Interior y Policía de querer estropear dicho Plan.
Mientras que el diputado Juan Hubieres dijo que los grupos oligárquico del país son los responsables de la migración haitiana, quienes muchos de ellos no cumplieron con el contrato en el corte de la caña, al negarle sus prestaciones labores, y prefirieron abandonarlo en los barracones.
Danilo Medina
En su carta, remitida a la Cámara de Diputados, el presidente Danilo Medina admite que es pequeño el porcentaje de la población inmigrante que ha acudido a las oficinas de regularización.
Explica que tanto el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros como los procedimientos contemplados en la Ley No. 169-14 son políticas públicas sin precedentes en la historia de la República Dominicana, por lo que su implementación ha representado un gran reto institucional, logístico y organizacional.
Señala además que el Gobierno ha puesto en marcha 24 oficinas de regularización de extranjeros en distintos puntos y emprendido una campaña de difusión y publicidad para informar a la población inmigrante sobre la necesidad de la regularización y las vías para llevarla a cabo.
Sin embargo, agrega, la complejidad y novedad del proceso “han limitado la apropiada y suficiente difusión del alcance de las normas y los beneficios de las mismas”.
La carta de exposición de motivos especifica también que debe tenerse en cuenta que “los grupos poblacionales a quienes están dirigidos los procesos se encuentran, a menudo, limitados por la marginalidad y la exclusión”, motivo por el cual“apenas unas 1,500 personas se han acercado a las oficinas abiertas en todo el territorio nacional para solicitar su registro al amparo de esta legislación” en los 90 días inicialmente dispuestos por el reglamento de la ley.
“Este es aún un pequeño porcentaje de la población sin documentación que se calcula podría participar del procedimiento establecido en la Ley 169-14″, admite.
El presidente Danilo Medina apeló a la responsabilidad de los diputados, por entender que este proyecto “solo busca cumplir a cabalidad con el espíritu de justicia y ordenamiento de nuestro Estado que inspiró la ley 169-14”, aprobada con amplio apoyo de ambas cámaras.
Recuerda que “la aplicación de estas iniciativas no solo redundarán en beneficio de las personas involucradas, sino que es de un alto interés estratégico para el Estado Dominicano su correcta implementación, desde el punto de vista de la seguridad, el orden y el registro efectivo y riguroso de todas las personas que habitan nuestro país”.
Prestamos
Por otro lado, los diputados ratificó dos préstamos por más de US594 millones, para ser utilizados en la construcción y mejoramiento de carretera.
El primer financiamiento es por US$298, 755,836.62 millones para ser usado en la construcción y mejoramiento de la carretera Cibao-Sur, y l será ejecutada por las empresas Constructora Norberto Odebrecht y la Constructora Rizech y Asociado.
Mientras que el segundo préstamo es por US$295, 570,112.01 para ser utilizado en la realización de los trabajos del diseño y construcción del proyecto del Corredor Ecológico Pontezuela, en Santiago.
La pieza es suscrita entre el gobierno dominicano y el Consorcio Corredor Duarte, como formado por la constructora Odebrecht y por Ingeniería Estrella..
Ambos financiamientos fueron sometidos por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su ratificación.
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